Nueve estados de los 50 que componen EE.UU. prohibieron la interrupción del embarazo este mismo viernes nada más conocerse la decisión del Tribunal Supremo de anular la protección del derecho al aborto vigente desde 1973, mientras otros estados podrían hacerlo en el corto plazo.
Los nueve estados que ya han prohibido el aborto son: Alabama, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Misuri, Oklahoma, Dakota del Sur, Utah y Wisconsin.
Todos habían aprobado con anterioridad unas leyes destinadas a prohibir el aborto y que entraron en vigor tan pronto como se hizo pública la decisión del Tribunal Supremo, según el Instituto Guttmacher, dedicado a la investigación de derechos reproductivos.
La organización Planned Parenthood, que cuenta con la mayor red de clínicas de salud reproductiva de Estados Unidos, y el Instituto Guttmacher han advertido que en total 23 estados prohibirán con rapidez el aborto.
Los estados de Arkansas, Idaho, Misisipi, Misuri, Dakota del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming habían aprobado las llamadas "leyes resorte" con el objetivo de que entraran en vigor inmediatamente o pasados unos días tras la sentencia del Supremo.
En el caso de Idaho, Tennnessee y Texas, la prohibición a la interrupción del embarazo no entrará en vigor hasta dentro de 30 días, según los datos del Instituto Guttmacher.
Otros estados, como Arizona, Georgia, Iowa y Michigan, tienen restricciones preparadas que podrían entrar en vigor pronto.
En estos momentos, solo 16 estados (California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregon, Vermont, Rhode Island y Washington), así como el Distrito de Columbia, han adoptado leyes que refuerzan la protección del derecho al aborto.
En total, al menos 36 millones de mujeres en edad reproductiva podrían perder el acceso al aborto según Planned Parenthood, que calificó la decisión de "devastadora" sobre todo para las personas más vulnerables de la sociedad como "las comunidades negras, latinas e indígenas, las personas con discapacidades, las que viven en áreas rurales, jóvenes, inmigrantes y quienes tienen dificultades financieras".