La supuesta red de corrupción para distraer fondos del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) funcionaba como una pirámide, en cuya cúspide figuran el mayor general Adán Cáceres y Juan Carlos Torres Robiou, quienes se apoyaban de Rafael Núñez de Aza, Alejandro Girón Jiménez y un grupo de subalternos que fungían como “cabezas recolectoras”.
Así lo establece la acusación del caso Coral y Coral 5G, documento que indica cuál era la función de las "cabezas recolectoraa"; reclutaban militares y policías que estuvieran asignados a otras instituciones, o que no tuvieran funciones en específico, se los presentaban a Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien los depuraba junto a su superior, Rafael Núñez de Aza y solicitaban la incorporación en las nóminas.
La autorización debía darla Juan Carlos Torres Robiou en Cestur y Adán Benoni Cáceres Silvestre en Cusep.
Los que pasaban esa depuración eran agregados a las nóminas con salarios de 20 mil y 70 mil pesos mensuales, los cuales debían ser devueltos en su totalidad o eran autorizados para quedarse con dos mil y 10 mil pesos, dependiendo de la cantidad asignada, dice la acusación. Estos militares quedaban por debajo de las "cabezas recolectoras", y a ellos debían entregar el dinero que cobraban.
En el caso del Cestur, Torres Robiou, aprobaba los nombramientos de personas que eran colocadas en el sistema de recursos humanos por el coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara (uno de las cabezas recolectoras); en nómina por el gerente financiero, el acusado Rafael Núñez de Aza; y el encargado de tecnología y Raúl Alejandro Girón Jiménez.
